El "Caso Galán" se complica con denuncias de peculado, amenazas y uso de recursos públicos

La trama judicial que rodea al diputado provincial Javier Galán ha escalado a un nuevo nivel de complejidad, transformándose en un caso de profunda gravedad institucional para la provincia. Lo que comenzó como una serie de denuncias de índole privada ha derivado en una investigación penal por la presunta malversación de fondos públicos y la utilización de la estructura del Estado para el crecimiento de emprendimientos personales.

En una extensa entrevista concedida al programa Tiempo Real de Ancasti Streaming, la doctora Silvia Barrientos, representante legal de las víctimas, arrojó luz sobre los nuevos frentes de la investigación, enfocándose principalmente en el delito de peculado.

El corralón "San Javier": ¿Un negocio privado financiado por el Estado?

De acuerdo con las declaraciones de la letrada, la causa por irregularidades administrativas avanza con paso firme y se sustenta en pruebas que calificó como "contundentes". El eje del conflicto se sitúa en el corralón "San Javier", propiedad del legislador. Según la querella, se habría detectado un desvío sistemático de recursos humanos pertenecientes a la Cámara de Diputados hacia este comercio privado.

"Hay personas que figuran como empleados de la Cámara de Diputados, pero que en la práctica estarían cumpliendo funciones operativas en el corralón. Es una situación fácil de comprobar mediante un cruce de datos básico", sentenció Barrientos.

La Justicia ya ha iniciado las diligencias correspondientes para cruzar información con las autoridades laborales y los registros de asistencia de la Legislatura. De confirmarse que el Estado provincial pagaba salarios a personas que en realidad prestaban servicios en el sector privado del diputado, se estaría ante un delito de peculado plenamente verificable, afectando directamente las arcas públicas.

Testigos bajo fuego: Amenazas e intimidación con armas

Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando la abogada reveló las condiciones en las que se están obteniendo los testimonios. Barrientos confirmó que un testigo clave ya prestó declaración ante el Juez Sago, pero el proceso no fue sencillo.

El testigo —un joven que figuraba en la nómina de la Legislatura pero que era presuntamente obligado a trabajar en el negocio de Galán— habría sido objeto de una violenta campaña de amedrentamiento. Barrientos denunció que el muchacho fue amenazado de muerte e intimidado con armas de fuego. Además, señaló que el entorno familiar del diputado habría ejercido una presión asfixiante sobre el testigo para que desistiera de presentarse ante la Justicia. Para la querella, estas acciones no son hechos aislados, sino que configuran un "entorpecimiento directo de la investigación", lo cual podría acarrear medidas cautelares más severas.

Desmontando la estrategia de defensa: El análisis de los teléfonos

Ante las versiones que circulaban en redes sociales —presuntamente impulsadas por sectores cercanos al diputado— que intentaban instalar la idea de un vínculo sentimental previo entre Galán y una de las denunciantes para desacreditar la causa por abuso, Barrientos fue tajante: "Está absolutamente desmentido".

La abogada subrayó que existe una gran expectativa por el peritaje técnico de los teléfonos celulares involucrados en la causa. "El que nada debe, nada teme", afirmó, sugiriendo que el contenido de los dispositivos será la prueba final que derribe cualquier intento de defensa basado en supuestos consentimientos o relaciones previas. Asimismo, destacó que las tres víctimas no tenían contacto entre sí antes de iniciar el proceso: "Se conocieron en mi estudio jurídico; allí se fortalecieron mutuamente, pero hoy mantienen una distancia prudencial por su propia seguridad".

Críticas por el uso de casos históricos: "Un acto morboso"

Finalmente, la doctora Barrientos no ocultó su indignación ante la reciente actuación de Galán en el recinto de la Cámara de Diputados. Durante su intervención, el legislador utilizó fotografías de casos que marcaron la historia trágica de la provincia, como los de María Soledad Morales y el ministro Juan Carlos Rojas.

Para la querella, este acto representó una falta de respeto absoluta hacia las familias de las víctimas y un intento desesperado por desviar la atención pública.

"Me pareció algo terrible y hasta morboso. Utilizar tragedias de semejante impacto social para intentar aminorar o relativizar los cargos que a él le competen es inaceptable. Se vulnera el derecho a la intimidad y se revictimiza a toda una sociedad", concluyó la abogada.

Con la mira puesta en las pericias tecnológicas y los resultados del cruce de información laboral, la provincia aguarda por los próximos pasos de una justicia que deberá determinar el grado de responsabilidad de uno de sus representantes legislativos.